30/06/2015 Fuente: UTO-UGT.

“Erradicar la lacra social del juego ilegal que, aprovechándose de la solidaridad de la ciudadanía, ataca directamente a la sostenibilidad de la Institución y a nuestros productos de juego, poniendo en peligro los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de todas las personas que dependemos de ella y de forma especial, pues lo sufren directamente en la calle, la de los vendedores y vendedoras de la ONCE”.

La Unión de Trabajadores de la ONCE de la Unión General de Trabajadores (UTO-UGT), es el sindicato mayoritario en la ONCE, con casi el 90% de la representatividad sindical de los más de 26.000 trabajadores y trabajadoras.

Hace mucho tiempo que venimos demandando al Gobierno, por distintas vías, la necesidad de que se ponga coto y se aplique el Estado de Derecho al juego ilegal, tanto presencial como online, que ha proliferado y campa a sus anchas en nuestro país. En el caso concreto de la OID (Organización Impulsora de Discapacitados), ha seguido creciendo y creciendo, no solamente en número, sino también en impunidad, a pesar de las gravísimas actuaciones que están llevando a cabo en contra de los trabajadores y trabajadoras de la ONCE y en la venta de los juegos autorizados a esta Organización.

En consecuencia, ha crecido igualmente el número de Comunidades Autónomas donde tienen presencia y han aumentado también el número de “colaboradores”, de manera ostensible en aquellas en las que ya venían actuando, y lo que es más grave, que además de estar al lado de nuestros vendedores y perjudicarles, con una actuación que confunde al público y atrae engañosamente la atención de los clientes, han dado pasos ya inadmisibles llegando, de manera sistemática y organizada, a presionar con amenazas y coacciones, de forma directa o a través de grupos organizados, a nuestros vendedores en la calle, que se encuentran cada vez más inermes y desamparados de la protección mínima exigida por cualquier ciudadano que ejerce dignamente una actividad legal.

La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, establece las condiciones específicas que regulan esta actividad en nuestro país. En ella se determina la reserva expresa de los juegos de loterías, de ámbito estatal, a SELAE y a la ONCE que, en el caso de la Organización Nacional de Ciegos, se asocia indiscutiblemente a la prestación de servicios de carácter social que, de manera unívoca, son la esencia misma de la existencia de esta Organización.

Desde la Unión de Trabajadores de la ONCE, como defensora indiscutible y legítima, tanto de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores de la ONCE, como de la prestación de esos servicios para que ésta mantenga su esencia de Corporación de Derecho Público y de carácter social, solidaria con el resto de discapacidades a través de su Fundación y generadora de empleo, reiteramos, con mayor énfasis, la postura radicalizada y sin concesiones de nuestro sindicato contra el juego ilegal, en todas sus expresiones.

De manera especial reprobamos la absoluta pasividad de la Administración, ante organizaciones manifiestamente ilegales como OID, a la vez que denunciamos la competencia desleal hacia nuestros productos de juego, el uso del sorteo de la ONCE y de su imagen, la utilización de la discapacidad en su propio beneficio y hasta, en ocasiones, la confrontación pública, con agresiones físicas incluidas, a vendedores y vendedoras de la ONCE.

La campaña “El Juego Ilegal NO es un Juego”, intentando sensibilizar y concienciar a los estamentos públicos, centrales y autonómicos, sobre la necesidad de cumplir, SIMPLEMENTE LA LEY, no ha cubierto las expectativas de nuestro sindicato. Las escasas actuaciones realizadas y la Resolución de la Dirección General de Ordenación de Juego, imponiendo una sanción de 25 millones de euros a la OID son, a nuestro criterio, absolutamente insuficientes y no estamos dispuestos a permitir que la actuación del Gobierno ante el juego ilegal, que nos afecta directamente, se limite a esto.

UTO-UGT exige, con carácter de urgencia, la intervención de la Administración del Estado para que, de una vez por todas, se haga cumplir la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, no solo a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como es el caso de la OID.

Para ello, este sindicato iniciará cuantas acciones considere convenientes para denunciar la pasividad e inacción del Gobierno en el cumplimiento de la Ley, exigiendo con rotundidad:
“Erradicar la lacra social del juego ilegal que, aprovechándose de la solidaridad de la ciudadanía, ataca directamente a la sostenibilidad de la Institución y a nuestros productos de juego, poniendo en peligro los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de todas las personas que dependemos de ella y de forma especial, pues lo sufren directamente en la calle, la de los vendedores y vendedoras de la ONCE”.

En el conjunto de las distintas CCAA de nuestro país, a finales de 2014 había un total de 22 asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles. Utilizaban para ello 3.592 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas, en ese año, de más de 82 millones de euros.