09/07/2015 Fuente: servimedia.es, elmundo.es, lajuntadeandalucia.es.

Diego Sayago, secretario general de UTO-UGT, el sindicato mayoritario en la ONCE, manifestó su satisfacción por la operación llevada a cabo en Málaga contra el juego ilegal, que ha concluido con la intervención de un total de 205.000 boletos, lo que supone el mayor requisamiento contra este tipo de loterías irregulares llevado a cabo en toda Andalucía.

“Estamos muy contentos” con el resultado de esta operación, practicada por la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) en Málaga, declaró Sayago a Servimedia tras conocer la noticia. El representante sindical recordó que la operación policial llevada a cabo el pasado 4 de julio en la sede de la OID en Málaga se salda con la intervención del doble de boletos ilegales de los requisados en todo 2014, cuando se fiscalizaron unos 97.000.

Desde esta perspectiva, Sayago considera que las actuaciones que está llevando a cabo su sindicato para exigir a las administraciones que actúen contra el juego ilegal “están dando sus frutos”. Estas actuaciones se han centrado en los últimos días en la campaña al grito de ‘#eljuegoilegalNOesunjuego’, que pide a las autoridades que actúen contra la OID (sancionada por Hacienda con una multa de 25.000.000 de euros) y otras organizaciones que se mueven vendiendo este tipo de juego.

Lo que UTO–UGT pide a las autoridades competentes es que “tomen cartas en el asunto y apliquen la ley, para que quien pueda vender juego lo haga y quien no, no”. Y es que, aseguró el también presidente del Comité de Empresa Intercentros de la ONCE, el juego ilegal “es una lacra” y por eso “tiene que salir de las calles, porque engaña a los ciudadanos y se aprovecha de las personas con discapacidad”.

En este sentido, Sayago advirtió de que las actuaciones de UTO-UGT seguirán en marcha hasta el momento en que el juego ilegal, presente en casi todas las autonomías, “se haya erradicado” del país.

El juego ilegal es un fraude para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las comunidades autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores que se ven totalmente mermados, puesto que en muchas ocasiones ni siquiera están dados de alta en la Seguridad Social.

Estos sorteos no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que aumenta el beneficio que los organizadores obtienen por su celebración. Por tanto, esta actividad ilegal supone un fraude para la Hacienda Pública y una competencia desleal para las organizaciones debidamente autorizadas y que cumplen sus obligaciones tributarias.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha explicado que esta intervención es fruto de las investigaciones desarrolladas desde el pasado mes de enero destinadas al control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para rifas con premio en metálico sin autorización administrativa.

Para ello, en la mañana del 4 de julio, provistos del correspondiente auto judicial de Entrada y Registro, agentes de la Unidad adscrita procedieron al registro de la sede que la OID tiene en Málaga, con la finalidad de proceder a la intervención de todo el material (cupones, documentación contable e informático) en relación con la actividad ilegal del juego.

Además de los cupones, que tienen un valor facial de 350.000 euros, los agentes intervinieron también ocho discos duros e información sobre los ingresos y la contabilidad de la organización.

Andalucía absorbe casi la mitad, más del 48%, de todo el juego ilegal que opera en España, que cuenta con 1.202 vendedores en situación irregular que actúan al margen de la legalidad vigente, de los 3.726 que hay a nivel nacional, y que mueve unas ventas que superan los 40,3 millones de euros de los casi 84 que suma en España, según datos del informe de juego ilegal del último año.

El pasado diciembre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas impuso una sanción a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), por importe de 25 millones de euros, "como responsable de una infracción muy grave, establecida en la Ley de Regulación del Juego, al realizar actividades ilícitas de juego". Y aseguró entonces que "la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de Internet".

La gestión del juego en España exige autorización administrativa previa de los órganos competentes, la Administración General del Estado respecto a juegos de ámbito estatal, y las Comunidades Autónomas respecto a los de ámbito territorial. A pesar de la prohibición, entidades sin la necesaria autorización venden desde hace años lotería a través de redes minoristas de vendedores que actúan fuera de toda legalidad, muchos de ellos utilizando la imagen de la ONCE y de sus tradicionales sorteos.

Según los datos existentes, a finales de 2013, más de 50 organizaciones de este tipo operaban juego ilegal en toda la geografía, para lo que utilizaban casi 4.000 personas ejerciendo la venta, y acumulaban unos ingresos globales de 83,9 millones de euros.

Por todo ello, UTO-UGT, el sindicato con el 83% de representación en la ONCE, luchará hasta donde sea necesario para acabar con el juego ilegal en nuestro país.